Comentario al Estado Posmoderno de Jacques Chevallier

El autor comienza su escrito mostrando a los lectores una visión general de lo que corresponde a la determinación primordial que se otorga al estado en un momento histórico de su fecundación, pues se tiene que en principio el estado moderno se construyó a partir de la concentración enfatizada de las funciones alrededor de la naturaleza en manos del monarca, las cuales iban a traducirse como necesarias dentro de la constitución del mismo teniendo un disenso divisible cuya limitación encuentra salida en la posibilidad de ser ejercidas por terceros, ellas a su vez no pueden descuidar el requerimiento de mantener una cohesión social y sostenimiento del orden. Adjunto a las responsabilidades ya descritas para lograr el fortalecimiento de la cohesión social, así como también la solidificación del elemento colectivo en la sociedad, el estado debe ser entonces una arista entre la comunidad y la síntesis de lo público. Es por eso que de allí se va a derivar una ocupación denominada “servicios públicos de interés general “reflejados en la educación, salud entre otros los cuales servirán de adhesivo para la tan anhelada unión social.

El autor entonces nos introduce al ámbito de la prestación de servicios sociales comunitarios que significarán una garantía universal colmada de beneficios categóricos de calidad, eficiencia e integralidad prestados por el estado, contando como consecuencia de este fenómeno la aparición de la iniciativa privada que quiere de igual manera ser participe de aquella posibilidad de poder junto al aparto público ser avalistas de los servicios de interés general enrostrados.  Superado el tema de aquellos beneficios se hace una amalgama en la lectura para retomar algunos apartes históricos que ayudaron a la consolidación del mantenimiento del orden público; como contestación se exponen problemáticas de seguridad presentadas en los Estados Unidos entre las cuales se denotan la “amenaza terrorista” que obligaron al estado a reinventar las medidas para prevenir acontecimientos como los sucedidos el 11 de septiembre esto tuvo entre otras no menos importantes la ampliación de las condiciones de allanamiento y detención, el aumento en el campo de acción en las escuchas telefónicas y el reforzamiento de los controles inmigratorios, de manera homogénea las “nuevas formas de delincuencia” aparecen como penurias lo que trae como contraprestación por parte del estado, la aceptación de políticas públicas en el eje del debate central para disminuir y prevenir cualquier conato de amenaza, para ello estrategias como tolerancia cero serían aplicadas . Francia no fue la excepción, pues los problemas de convivencia y seguridad no se hacían esperar, lo que condujo a la expedición de normas rígidas contra las expresiones mínimas de ataques contra la tranquilidad comunitaria. Así las cosas y tras las luchas constantes de la calificación pública se empieza a entablar una conversación sobre la necesidad de generar un desmembramiento del estado, para que instituciones independientes se encarguen de manera especifica de las tareas que puedan conllevar a una lucha frontal contra las irregularidades enunciadas, así pues, germinan las agencias de protección privadas paralelas y la privatización pura y simple de las funciones de la protección colectiva. Asimismo nace una nueva determinación, el estado posmoderno como “sociedad de riesgo” pues junto a la explosión de las ciencias y técnicas y en particular de las biotecnologías se creó un  contexto de incertidumbre estructural, pues riesgos antiguos como catástrofes naturales, contaminación, y riesgo nuclear tomaron un nuevo alcance, dando consigo el requerimiento de nuevas tácticas que conduzcan a la concepción  de medidas no solo reparadoras sino preventivas haciendo caso al principio de cautela. Nace en el estado la responsabilidad de enmendar las preocupaciones que nacen en la sociedad, por ello la cooperación internacional lleva a la obtención interna de cada mandato a convertirse en cosmología posmoderna que logra trasmitir en entidades individuales obligaciones que por su naturaleza son de su cargo.

No solamente se ve presenciado el estado posmoderno en la cohesión social, la garantía del orden y la búsqueda de generar un bienestar cómodo en la sociedad, sino también en el aspecto económico, es por ello que Chevallier hace trascender su escrito en lo que se ha llamado el “estado supervisor” que tiene como propósito poder desligar no solo sectores de la economía sino la totalidad de los mismos del dominio estatal, esto además de conseguir cediéndolas a las administraciones individuales tras el afrontamiento de los nuevos productos financieros, la mundialización del intercambio bancario, la presión creciente de los sectores económicos y la efectividad del servicio. No sin antes prever que no en su totalidad existiría una separación estatal ante tales prerrogativas, pues a su vez nace un deber que tiene consigo llevar al estado a un campo de regulación de la actividad, por lo que con la aproximación de los movimientos de la privatización se fecunda el requerimiento del imperio publico en aparecer inmiscuido dentro de las actividades económicas, reservándose la oportunidad de perpetuar en su poder monopolios como la industria de armamento, nuclear entre las demás, donde se dé un estado “camillero” como lo comenta el autor de acuerdo a lo sucedido en Francia durante los años 2000. Como primordial objetivo la mixtura entre la participación tanto en capital monetario como humano en el desarrollo de las industrias nacionales. Cabe notar que el estado no es la única instancia para la ordenación de la economía, pues otros actores y formas de regulación también son concebidas, por ejemplo, los mecanismos de autorregulación, correglamnentación y autoorganización entre las empresas. Asunto que hace más loable la tarea de la vinculación privada al ordenamiento económico de la nación, así como también la muestra de imparcialidad y dirección emancipada de los destinos de la colectividad en el gremio mencionado. Paralelo a lo estudiado hasta ahora el autor ha querido denominar la transición que ocurre de aquella modalidad de estado que dirige al que se encargaría de ser estratega en cada una de sus acciones, pues aparece como un estado que garantiza la promoción de la economía nacional, convirtiéndose de esta forma en un abogado de los intereses nacionales, al acompañar a las empresas internas a la competición mundial, pues uno de sus objetivos es además posicionar su envergadura económica de monopolio sino también las distintas iniciativas individuales que germinan  dentro del ámbito nacional. El estado estratega además va tener que implicar al auxilio de las actividades por medio de la expedición de políticas económicas que favorezcan al empresariado privado, lo que tuvo en sus inicios las medidas adoptadas en Francia con la aparición de la agencia de innovación industrial en el año 2005 encargada de promover y brindar apoyo a los grandes proyectos. De esta forma el estado protector busca protagonismo teniendo en cuenta una distribución en razón a la financiación por impuesto progresivo con el objeto de asegurar contra todo riesgo de la comunidad en particular pero ello no tendría asidero en el estado posmoderno pues tal asistencialismo perjudicó la hacienda pública en países como Holanda, Suecia y Austria en los años 1995 y 1996 , lo que sobrellevó a la adopción de medidas regulatorias que recortaran el gasto público. el autor deja entrever que tuvo que replantearse la idea del estado protector, pues la sujeción a la ayuda debía desplegarse en la búsqueda de la generación de iniciativas para poder emplearse y buscar una forma de inserción profesional para nutrir el flujo económico de cada núcleo  y a gran escala del estado. Presentadas esta medidas la lógica de la solidaridad da su primer aviso al otorgar importancia a la protección social que conduce al mismo tiempo a la redefinición del papel del estado, investido de una nueva función de regulación del conjunto del sistema y control de los gastos , pues el estado no tiene los medios para garantizarle una seguridad mínima a la población, lo que recuesta en la obedecía estatal la imposición de políticas que surtan el sistema de protección social y no se dependa exclusivamente en la generosidad del aparato público como extremo sujeto de bienestar. Estos apartes hacen que se recaiga de acuerdo a la voluntad de Chevallier en allegar al estudio la diferenciación entre lo público y lo privado junto a ello la singularidad estatal, en donde se expone que, si bien son totalmente polos opuestos, las fronteras están más cerca de unirse que de separarse, pues las practicas posmodernas así lo obligan. Como se está tratando el tema de la modernidad actualizada es deber mencionar que las practicas ideales planteadas que buscan la innovación del interés social no resultan suficientes pues se necesita de una muestra fehaciente por parte de la gestión administrativa, que pueda demostrar que efectivamente se están llevando a cabo las funciones de una manera eficiente. Esto no fluye de manera repentina o mágica, pues se deben sujetar las practicas a las denominaciones privadas que muestran en el espectro ser mas efectivas y con rentabilidad financiera mas fuerte, lo que hace que el estado se convierta en un “new public management” que según el autor consiste en la inspiración que debe tener la administración pública sobre los regímenes del modelo de gestión de la empresa privada, que en el papel se muestra más pujante logrando de esta manera una autonomía en la gestión y la apertura a una competencia real. Dada esta contextualización del estado hacia la adopción del modelo privado hizo que en el sistema legislativo se presentaran una serie de fenómenos que conllevaron a la modulación de las normas vigentes las cuales no iban a resultar siendo perjudiciales ara cualquiera de las dos iniciativas pública o privada sino que iban a dar paso de una “no competencia” a una “igual competencia” donde se logre proteger la implementación en el mercado de una forma equitativa sin tener en cuenta en cual de los dos bandos se encuentra ubicado. Consecuentemente se consiguió que la gestión publica no siguiera siendo considerada como una presunción, sino que se tuvo en cuenta que las nuevas modalidades de gestión utilizadas eran importadas de la empresa privada lo que condujo a bautizar este fenómeno en “estado reformado”. Teniendo en cuenta que se estaba frente a una transición que no era fácilmente de otorgar al estado existe la posibilidad y necesidad de requerir cada una de las ejecutorias a un dispositivo evaluativo que combinado con medidas concretas de reforma de los métodos de gestión pública iban a resultar con la carga de llevar consigo los regímenes privados.

Estudiado lo concerniente al aspecto funcional del estado en la posmodernidad, es el propósito del autor aterrizar el la llamada fragmentación de la estructura estatal que se predica de la desfiguración de aquel estado céntrico a uno policéntrico que va encontrar cimiento en la proliferación de un nuevo tipo de estructuras que van a ser situadas por fuera del aparato de gestión clásica y aparatándose de la idea jerárquica, problemas que solicitaban ser atendidos de manera prioritaria por el estado no eran satisfechas debido a la imposibilidad del aparato  para poder dar fino cumplimiento, es por ello que debieron constituirse organizaciones independientes que dentro de sus objetivos estuviere no solo en suplir la falta del estado sino también la prestación de una manera efectiva de aquellos servicios que por la naturaleza requerían ser regulados, contando además con la especialización, técnica e idoneidad para no dejar a tras los principios de la gestión privada que conducen a una manifestación plena y eficiente de sus realizaciones. Permitiendo además la cobertura territorial a lo largo y ancho del estado en donde primen las formas de organización mas favorables para la autonomía local, y análogamente la creciente expedición de estatutos territoriales. Se habla entonces de una desconcentración cuando se crean enlaces de reproducción de la acción del estado unitario como puntos de difusión de las políticas expuestas en el nivel central, por otra parte, descentralización como facilitador de la gestión administrativa regional.

             Concluyendo es preciso advertir que las organizaciones independientes van a romper el paradigma de la estructura del estado en cuanto la creación de las mismas suponen la modificación externa que anexa a las tres ramas del poder público no a una tercera sino un conjunto de corporaciones que van a encontrarse en un nivel intermedio sin la intercesión de ninguna de las primeras de acuerdo a su autonomía, determinación y funcionamiento, “Sus instituciones ejercen primordialmente una funciones propias, especificas y distintas y por lo tanto no encajan dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que a nuestro juicio, hay que hacer una numeración especial” (Vidal Perdomo, 2006 P. 98) . Esto hace deducir que a la estructura del estado inicial le ha nacido una denominación soberana que requiere de una creación bien sea constitucional o legal, así como también un régimen para su expansión a lo largo del territorio donde se determinen las facultades, deberes, obligaciones y cargas a las cuales debe someterse. Demostrándose así que la “Constitución Política colombiana abandonó la desueta estructura tripartita del poder concebida desde los albores del Estado moderno, y ha dado un paso más allá, para crear nuevas organizaciones y nuevos órganos –autónomos e independientes- que se encarguen del cumplimiento de otras funciones del Estado.” (Melo Salcedo Ileana.2012 P4).  Tocado el tema de la estructura y determinándose que efectivamente se ha roto el paradigma de la anacrónica figura de la estructura estatal debido a la aparición de estas nuevas organizaciones y las funciones otorgadas desde su creación, se debe ahora establecer si estas mismas han redefinido el marco del funcionamiento del estado , lo que puede traerse a colación como el trasplante de las funciones determinadas desde el aparato estatal a las organizaciones independientes, generando de esta forma según  Chevallier un fenómeno que deja divisar la gestión de los privados como acaparadores del ejercicio de las funciones estatales, apareciendo el estado como un montaje heteróclito de dispositivos que disponen de su racionalidad propia de funcionamiento, dejando como resultado que la posmodernidad penetra al aparato estatal y lo lleva a una diversificación creciente de sus elementos constitutivos. Perdiendo de esta forma la definición autentica de las funciones estatales en manos de los privados y/o independientes.

  Por: Juan Sebastián Morales Forero 

                    Abogado USTA 

Alcances de la Abogacía Progresista y Valores Éticos

Es menester remontarnos al origen de la denominación “progresista” la cual yace en el siglo XIX cuando en plena revolución liberal con el objeto de identificar a los partidarios que apostaban por un significativo cambio en las políticas generales en lo comunitario, económico y cultural entre otros, generando un contrapeso a la continuidad y permanencia de las practicas conservadoras de la época, lo anterior basado en la búsqueda de un beneficio social de manera tangible. Ahora bien, para aterrizar tales premisas a la función del profesional en el derecho se tiene que hallar un punto de inflexión entre estas dos vertientes, para luego examinar su aplicación en el ámbito natural, moral y ético. La unión entonces debe derivarse de un planteamiento sobre el cual nos preguntemos ¿Es concurrente el derecho con la política? O ¿Puede traspasar la función del abogado de lo estrictamente jurídico a lo social? Dando paso al progresismo jurídico como “(…) la práctica de la abogacía al servicio de la lucha contra la desigualdad en el acceso a la justicia y en defensa de los derechos humanos dentro de los sectores mas desaventajados de la sociedad.”  Luis J. Torres (2011, 18 de marzo) La abogacía progresista en jaque. Recuperado el 8 de junio de 2018 de http://www.80grados.net/la-abogacia-progresista-en-jaque/. Así las cosas en el propósito de volcar la profesión al campo de intervención social en el respeto por las garantías de los derechos del conglomerado, la búsqueda de integración de decisiones judiciales efectivas y la participación de los ciudadanos en el libre acceso a la administración de justicia, quienes se atribuyan a su ideología no meramente radicalizada, encuadernada y limitada en un régimen sino además como expresión innata de su actividad laboral deben ejecutar de la manera mas sincera cada una de las fundamentaciones que tiene su origen en el progresismo. Lo anterior con el objeto de fortalecer la proyección jurídica a partir del reconocimiento e identificación de las necesidades primarias de la sociedad revisadas a la luz de una normatividad proteccionista que permita un actuar libre sin contaminación de agentes externos que puedan permear la búsqueda de soluciones efectivas a los requerimientos cotidianos. Con la intención de generar un aplicación solidificada de los principios guiados a la representación de los intereses generales en pro de buscar una transformación en la organización jurídica, política y administrativa actual el ordenamiento jurídico debe generar seguridad en cada una de sus intervenciones, de igual forma velar por que se den las cauciones necesarias de imparcialidad y neutralidad en la decisiones judiciales como también en la aportación del abogado como referente de apadrinamiento del sentir popular. De ahí que un exhausto tramite de revisión debe conllevar a la tipificación  de los problemas sociales en donde la capacidad ética del profesional se exalte como pilar  dentro de un proceso de reconocimiento de beneficios en relación con la batalla que promulga a favor de los intereses colectivos, permanezca así de tal forma que sirva como base y luego de conseguir el anhelo en los estrados judiciales y/o sociales se pueda concebir como estandarte del sostenimiento de una idea crucial al beneficio común. Concatenado ello al desprendimiento que nos hace alusión el segundo interrogante planteado de lo encerradamente jurídico, para transmitir a partir del conocimiento y reflexión la situación desde un punto de vista técnico donde se construyan caminos benefactores en la llamada “Lucha en todos los frentes “ esto es llevar a cabo planes programáticos que puedan constituir una conquista en el interior de cada ciudadano que lo exhorte a pensar como parte de un conjunto de personas que demanda vivir de manera equitativa en un mismo espacio físico, siendo participes de la conformación ideológica y del perfeccionamiento del sostenimiento comunal. Teorías que nos obligan a repensar la función limitada que tiene el abogado dentro de un estrado judicial, debe percibirse de manera mas amplia tal actividad aun cuando existen escenarios donde la proposición reformista puede hacerse valer dentro de un sistema de organización política participativa como lo es en nuestro caso la nación colombiana. Identificados los puntos en los cuales pueden generarse aristas entre la ciencia jurídica y el acaparamiento social no podemos dejar en vilo el cimiento sobre el cual deben forjarse tales acontecimientos, el principal es enrostrado en la concepción que se tiene al defender las ideas de justicia social, equidad e igualdad de oportunidades dentro del manejo progresista con base en valores y principios éticos como los establecidos en la ley 1123 de 2007 que regulen el comportamiento del jurista a la luz de la “Ética como tipo de saber normativo, esto es , un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos.”  Adela Cortina y Emilio Martínez (2008). Ética. Madrid, España. Ediciones Akal S.A. Conociendo de esta forma as conductas reprochables, los impedimentos, las sanciones y el juzgamiento que acarrea el apartarse de los preceptos íntimos de la función jurídica. Pues todo aquello que se emprenda debe estar encarrilado a un sinnúmero de patentes que no permitirán en el afán de salvaguardar los intereses personales la utilización necesidades comunes para suplir los primeros. Tal y como sucede en la cinta “Roman J. Israel, Esq.”  donde el mejor abogado progresista quien era un ideólogo en los temarios relacionados con la defensa de los menos aventajados traiciona su formación principialistica para compensar situaciones meramente individuales. El tipo de programa que se debe desplegar es el manifestado a partir de reglamentar cada puesta en marcha del jurista bajo unas condiciones mínimas de ejecución que conlleven a obtener una consolidación de los estribos sociales que conduzcan a una función de liderazgo en pro de los intereses de cada uno de los individuos que sufran el desprestigio de ser marginado por una determinada arbitrariedad jurídica o significativamente organizacional en el ámbito público y/o privado que se traduzca en la destrucción moral del individuo. Para ello debe desplegarse el actuar profesional hacia una era de pensamiento global que pueda intervenir en los diversos ámbitos de la participación conferida por ordenamiento, consolidándose integralmente. 

Retos del Próximo Gobierno y la OCDE

Para empezar a divisar las temáticas propuestas es necesario revisar el objeto general para lo cual se ha puesto en funcionamiento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pues se tiene que apuntar a la promoción de mejores políticas para una vida superior, ayudando a elevar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Proporcionando audiencias en las que los gobiernos trabajen juntos para compartir experiencias y buscar soluci

ones a problemas comunes, basándose en el análisis de datos confiables, el intercambio de mejores prácticas y el establecimiento de estándares internacionales. Pues bien, en nuestro continente tal iniciativa ha hecho presencia en algunos países como lo son Chile y México quienes actualmente son miembros del organismo, Brasil aparece como Socio Clave de la Organización y Perú tiene un programa específico de cooperación. Así mismo Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay son miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE, el cual durante muchos años ha permitido una plataforma de colaboración con la región por medio de publicaciones como las Perspectivas Económicas de América Latina. Además de los anteriores la puerta no está cerrada para algunos otros países que colaboran con la OCDE a través de su participación en comités, redes de diálogo de políticas públicas y encuestas.

Ahora es importante resaltar que en el presente Colombia y Costa Rica están en proceso de adhesión ante este grupo y por ende se deberán establecer las medidas necesarias para que los comités internos encargados de revisar la proposición den el visto bueno de la implantación organizacional de nuevas experiencias acompañadas de la voluntad administrativa. De esta forma nos adentraremos en el ámbito nacional, teniendo claro que no se trata de una simple consecución de membresía, pues a partir del hecho trascendental de pertenecer al llamado “club de las buenas prácticas” se derivan exigencias que deberán mantenerse erguidas durante el tiempo de permanencia tales son de gran envergadura y en el aspecto factico resultan no fáciles de ejecutar. Uno de los temas que mas tiene el detenimiento por parte de la OCDE es la presencia del fenómeno de la corrupción en todos los ámbitos de la gobernabilidad su ejecución y la sociedad civil pues según las mediciones hechas por Índice de Percepción de Corrupción que realiza Transparencia Internacional nuestro país cayó seis posiciones y quedó ubicado en el puesto 96 entre las 180 economías que se analizan con 37 puntos de cien posibles siendo 0 el país más corrupto y 100 el más impecable. En razón a ello debe dársele un control fuerte a tal problemática pues resulta ser un requisito básico para la consecución del fin propuesto.

Otro eje es la brecha extensa que existe en la distribución equitativa de los recursos que trae entre otras cosas como consecuencia la división entre pobres y ricos, pues no es en vano el dato arrojado por informe Oxfam que indica que: “Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso”. Situación que genera una de las grandes preocupaciones por el estado nacional pues no se da una solución efectiva a este flageló en un termino inmediato, se requiere un sistema de políticas publicas concatenado a una propuesta integral que pueda brindar la mejor calidad de vida a los ciudadanos. Aparece el desempleo como un factor no menos importante a los anteriores, sobre el cual debe prestarse atención prioritaria toda vez que nuevamente las cifras no vuelven a favorecer tal ítem, según el DANE a enero del 2018 la tasa de desempleo registró su máximo nivel en 10 meses quedando en 11,8%; es decir, que aumentó en 0,03% frente a la de enero de 2017 cuando se ubicó en 11,7%. Revisados los aspectos generales sobre los cuales existe un requerimiento de nivel jerárquico superior por parte de la OCDE  es necesario indicar cuales serán los reflejos que se tendrán en Colombia sobre áreas concretas tales como el ámbito político, gubernativo, económico ,educativo, ambiental y social. Para seguir el hilo argumentativo debemos inferir que la entrada de Colombia traerá consigo la imposición de una carga que se encuentra en la esfera supralegal, si bien es cierto la organización exhortará al estado para que se pongan en práctica políticas públicas que generen una mejor calidad de vida en los habitantes de la región, ello no es un tema desconocido para el ámbito estatal, partiendo de la idea plasmada en la carta magna que establece el estado social de derecho y permite mediante las diversas figuras jurídicas del ordenamiento la elaboración de planes de gobierno donde se incluyan políticas sociales que sean direccionadas al punto critico de la satisfacción de necesidades básicas de los gobernados, estas no son puestas en ejecución por uno de las luchas a las cuales se tendrá que enfrentar el país; la corrupción y la ausencia de voluntad política pues es reiterativo inferir que los elementos se encuentran vigentes pero tales padecimientos sirven de talanquera para el buen propósito de su naturaleza. Por lo tanto, el compromiso debe estar en no solo crear proyectos que rebosen de expresiones sociales afectivas con la comunidad, sino que posean características que puedan tornarse realizables además de ser blindadas de los flagelos que puedan permear su efectiva ejecución, así mismo el yacimiento de un gobierno comprometido con el sentido social de la función pública. Para cerrar este ciclo es necesario dejar claras dos perspectivas, primera la existencia de un gran reto propuesto por la OCDE y segundo la carga interna con la que debe combatir nuestro país. Pasando a la esfera gubernativa  es preciso indicar que de la mano va la voluntad a la cual hacíamos referencia con la función que tendrá la organización en la puesta en practica de la misma, pues no solo serán las corporaciones internas de la nación quienes se encarguen de tomar la aprobación técnica de las políticas sociales, existe un agravante de revisoría por parte de los comités de la OCDE quienes tendrán la misión de asesorar, aconsejar y evaluar la estructura de cada una de ellas, y dentro de esto su beneficio comunitario, posibilidad y consecución de las metas establecidas. Unido lo anterior con oportunidad de divulgar sus posiciones y proponer políticas respecto a temas de relevancia internacional ante la audiencia de mayor influencia en ese respecto. Tomando como base las implementaciones de los programas gubernamentales que se llevan a cabo en los diferentes países miembros. Dilucidando que se amplía el ámbito de relación global de las políticas que pueden tomar lugar en nuestro país y como reto formidable el soporte presupuestal, logístico y técnico para su consolidación, requisitos que tendrán que abrir paso en el tracto sucesivo de la participación en tal gremio. En el aspecto económico tenemos que debe tomarse como primicia el análisis de los movimientos financieros internos, vuelve a encaminarse una gran apertura económica, pues bien, el crecimiento de la confianza inversionista va a ser evidente, la calidad de la misma se va a dar por concretada y el acceso a créditos abajo interés junto con movimientos dinerarios van a ser preferenciales teniendo como consecuencia el mejoramiento de la imagen de nuestra nación. Esto tampoco podrá ser  posible sin el ámbito intrínseco no se modifican las políticas del sector, pues previendo la tendencia que empezará a presentarse con una economía globalizada y avanzada se debe dar frente teniendo en cuenta el impacto que esto podría generar, nuestro país ha tomado un paso agigantado en este sentido, la reforma tributaria reciente a contemplado tal proyección al punto de comprenderse como el cumplimiento de uno de los requisitos notables para el accedo a la organización en estudio. Lo que queda por ultimar es que el flujo económico va tener gran protagonismo dependiendo de las proporciones que se adopten dentro del ordenamiento, pues de esto se derivaría en conjunto el crecimiento de exportaciones y la inyección de capital para la producción humana que tendrá como resultado la generación de empleo masivo aportando así a uno de los fines generales dispuestos al inicio del escrito, el fortalecimiento de la calidad de vida de lo habitantes. Analizaremos el aspecto educativo que sale a flote, pues no es un secreto que esta variable presenta problemas de gran envergadura en la nación, en primer momento es necesario revisar que el acceso efectivo a la misma se nutre de imposibilidades que van desde lo presupuestal hasta lo logístico, lo que genera que se presenten altos índices de deserción escolar, a esto se encuentra atada la falta de atención por parte del gobierno nacional hacia quienes realizan la labor docente que parecen estar en el olvido de los planes administrativos, no sin antes tener el prejuicio de revisar los estándares de calidad para la prestación del servicio que si bien es cierto no se encuentran en el mejor momento, pues la capacitación y la preparación de los maestros es simplemente una propuesta que se ha quedado en el fondo de la planeación nacional , descartando que de este elemento tiene en su  génesis la enseñanza acreditada.

Esta situación hace presencia en todos los niveles de la educación. Reto magno el que debe afrontar nuestra patria, pues no solamente se está comparando con los mas grandes exponentes de la practica educativa en el mundo, sino que la exigencia es mucho mayor. El corte con el que será medido nuestro suelo será con los mínimos de estandarización del sistema globalizado y ello conlleva a que el esmero por parte de los gobiernos de turno tiendan a reestablecer el funcionamiento que genera un estado actual de abandono y omisión para que renazca la esperanza en los niños y jóvenes que inician sus estudios  para poder completar este ciclo y aportar al crecimiento de su entorno, por su parte los docentes a la cooperación instruida con el único fin de una educación de eficacia. Llegamos al perímetro ambiental y si alguno de los anteriores ítems revisados proponen grandes desafíos este los presenta de una manera especial, si bien la puesta en marcha de un aparato productivo desde todos los puntos de vista empezará por generar ponderaciones en el cuidado del medio ambiente, si bien se expone dentro de los objetivos un impulso a la economía, las políticas sociales entre otras, van a encontrarse con el limite de la función ambiental que cumplen  las industrias  quienes van a tener como prioridad  la generación de sus productos respetando las cadenas de control para el impacto medioambiental cimentado en la económica sustentable que a su vez refiere por la promoción y prevención la contaminación ,  la utilización de energías renovables , el incentivo de bienes y servicios sostenibles, uso de transporte masivo en las grandes ciudades, mejoramiento en la disposición  de residuos, información del estado de riesgo, ciclo de vida de los productos y con ello la preservación de la salud de los colombianos. Por ultimo pero con importancia homogénea a los puntos de inflexión aducidos tenemos que el ámbito social va ser el protagonista principal del proceso del empalme al ingreso de la OCDE pues la tarea central está en el propósito por acortar las distancias que generan una evidente desigualdad en la sociedad debe ser frontal, el objetivo de bajar escalonadamente las cifras de la pobreza y pobreza extrema en Colombia generando un entorno integral donde las oportunidades estén abiertas a cualquier ciudadano todas ellas conectadas en un tejido que establezca una composición social que pueda encontrar los caminos que conlleven al bien común, poniéndose como retos  la distribución equitativa de los bienes y servicios, la apertura de las oportunidades laborales y generación de empleo, acceso efectivo a una educación de calidad, un servicio de salud digno y un ordenamiento jurídico que vele por la garantía  positiva de los derechos vulnerados.

Son entonces una amalgama de metas a las cuales nuestro país debe hacer frente y por ende la responsabilidad debe ser adquirida de manera leal, pues los certámenes que se asumen deben llevarse a cabo no solamente para conservar la permanencia en la organización sino con el mayor objeto que es constituir un país que mejore paulatinamente en los aspectos más críticos para poder brindar una estadía digna a todos sus habitantes, promoviendo equidad y justicia social.