El autor entonces nos introduce al ámbito de la prestación de servicios sociales comunitarios que significarán una garantía universal colmada de beneficios categóricos de calidad, eficiencia e integralidad prestados por el estado, contando como consecuencia de este fenómeno la aparición de la iniciativa privada que quiere de igual manera ser participe de aquella posibilidad de poder junto al aparto público ser avalistas de los servicios de interés general enrostrados. Superado el tema de aquellos beneficios se hace una amalgama en la lectura para retomar algunos apartes históricos que ayudaron a la consolidación del mantenimiento del orden público; como contestación se exponen problemáticas de seguridad presentadas en los Estados Unidos entre las cuales se denotan la “amenaza terrorista” que obligaron al estado a reinventar las medidas para prevenir acontecimientos como los sucedidos el 11 de septiembre esto tuvo entre otras no menos importantes la ampliación de las condiciones de allanamiento y detención, el aumento en el campo de acción en las escuchas telefónicas y el reforzamiento de los controles inmigratorios, de manera homogénea las “nuevas formas de delincuencia” aparecen como penurias lo que trae como contraprestación por parte del estado, la aceptación de políticas públicas en el eje del debate central para disminuir y prevenir cualquier conato de amenaza, para ello estrategias como tolerancia cero serían aplicadas . Francia no fue la excepción, pues los problemas de convivencia y seguridad no se hacían esperar, lo que condujo a la expedición de normas rígidas contra las expresiones mínimas de ataques contra la tranquilidad comunitaria. Así las cosas y tras las luchas constantes de la calificación pública se empieza a entablar una conversación sobre la necesidad de generar un desmembramiento del estado, para que instituciones independientes se encarguen de manera especifica de las tareas que puedan conllevar a una lucha frontal contra las irregularidades enunciadas, así pues, germinan las agencias de protección privadas paralelas y la privatización pura y simple de las funciones de la protección colectiva. Asimismo nace una nueva determinación, el estado posmoderno como “sociedad de riesgo” pues junto a la explosión de las ciencias y técnicas y en particular de las biotecnologías se creó un contexto de incertidumbre estructural, pues riesgos antiguos como catástrofes naturales, contaminación, y riesgo nuclear tomaron un nuevo alcance, dando consigo el requerimiento de nuevas tácticas que conduzcan a la concepción de medidas no solo reparadoras sino preventivas haciendo caso al principio de cautela. Nace en el estado la responsabilidad de enmendar las preocupaciones que nacen en la sociedad, por ello la cooperación internacional lleva a la obtención interna de cada mandato a convertirse en cosmología posmoderna que logra trasmitir en entidades individuales obligaciones que por su naturaleza son de su cargo.
No solamente se ve presenciado el estado posmoderno en la cohesión social, la garantía del orden y la búsqueda de generar un bienestar cómodo en la sociedad, sino también en el aspecto económico, es por ello que Chevallier hace trascender su escrito en lo que se ha llamado el “estado supervisor” que tiene como propósito poder desligar no solo sectores de la economía sino la totalidad de los mismos del dominio estatal, esto además de conseguir cediéndolas a las administraciones individuales tras el afrontamiento de los nuevos productos financieros, la mundialización del intercambio bancario, la presión creciente de los sectores económicos y la efectividad del servicio. No sin antes prever que no en su totalidad existiría una separación estatal ante tales prerrogativas, pues a su vez nace un deber que tiene consigo llevar al estado a un campo de regulación de la actividad, por lo que con la aproximación de los movimientos de la privatización se fecunda el requerimiento del imperio publico en aparecer inmiscuido dentro de las actividades económicas, reservándose la oportunidad de perpetuar en su poder monopolios como la industria de armamento, nuclear entre las demás, donde se dé un estado “camillero” como lo comenta el autor de acuerdo a lo sucedido en Francia durante los años 2000. Como primordial objetivo la mixtura entre la participación tanto en capital monetario como humano en el desarrollo de las industrias nacionales. Cabe notar que el estado no es la única instancia para la ordenación de la economía, pues otros actores y formas de regulación también son concebidas, por ejemplo, los mecanismos de autorregulación, correglamnentación y autoorganización entre las empresas. Asunto que hace más loable la tarea de la vinculación privada al ordenamiento económico de la nación, así como también la muestra de imparcialidad y dirección emancipada de los destinos de la colectividad en el gremio mencionado. Paralelo a lo estudiado hasta ahora el autor ha querido denominar la transición que ocurre de aquella modalidad de estado que dirige al que se encargaría de ser estratega en cada una de sus acciones, pues aparece como un estado que garantiza la promoción de la economía nacional, convirtiéndose de esta forma en un abogado de los intereses nacionales, al acompañar a las empresas internas a la competición mundial, pues uno de sus objetivos es además posicionar su envergadura económica de monopolio sino también las distintas iniciativas individuales que germinan dentro del ámbito nacional. El estado estratega además va tener que implicar al auxilio de las actividades por medio de la expedición de políticas económicas que favorezcan al empresariado privado, lo que tuvo en sus inicios las medidas adoptadas en Francia con la aparición de la agencia de innovación industrial en el año 2005 encargada de promover y brindar apoyo a los grandes proyectos. De esta forma el estado protector busca protagonismo teniendo en cuenta una distribución en razón a la financiación por impuesto progresivo con el objeto de asegurar contra todo riesgo de la comunidad en particular pero ello no tendría asidero en el estado posmoderno pues tal asistencialismo perjudicó la hacienda pública en países como Holanda, Suecia y Austria en los años 1995 y 1996 , lo que sobrellevó a la adopción de medidas regulatorias que recortaran el gasto público. el autor deja entrever que tuvo que replantearse la idea del estado protector, pues la sujeción a la ayuda debía desplegarse en la búsqueda de la generación de iniciativas para poder emplearse y buscar una forma de inserción profesional para nutrir el flujo económico de cada núcleo y a gran escala del estado. Presentadas esta medidas la lógica de la solidaridad da su primer aviso al otorgar importancia a la protección social que conduce al mismo tiempo a la redefinición del papel del estado, investido de una nueva función de regulación del conjunto del sistema y control de los gastos , pues el estado no tiene los medios para garantizarle una seguridad mínima a la población, lo que recuesta en la obedecía estatal la imposición de políticas que surtan el sistema de protección social y no se dependa exclusivamente en la generosidad del aparato público como extremo sujeto de bienestar. Estos apartes hacen que se recaiga de acuerdo a la voluntad de Chevallier en allegar al estudio la diferenciación entre lo público y lo privado junto a ello la singularidad estatal, en donde se expone que, si bien son totalmente polos opuestos, las fronteras están más cerca de unirse que de separarse, pues las practicas posmodernas así lo obligan. Como se está tratando el tema de la modernidad actualizada es deber mencionar que las practicas ideales planteadas que buscan la innovación del interés social no resultan suficientes pues se necesita de una muestra fehaciente por parte de la gestión administrativa, que pueda demostrar que efectivamente se están llevando a cabo las funciones de una manera eficiente. Esto no fluye de manera repentina o mágica, pues se deben sujetar las practicas a las denominaciones privadas que muestran en el espectro ser mas efectivas y con rentabilidad financiera mas fuerte, lo que hace que el estado se convierta en un “new public management” que según el autor consiste en la inspiración que debe tener la administración pública sobre los regímenes del modelo de gestión de la empresa privada, que en el papel se muestra más pujante logrando de esta manera una autonomía en la gestión y la apertura a una competencia real. Dada esta contextualización del estado hacia la adopción del modelo privado hizo que en el sistema legislativo se presentaran una serie de fenómenos que conllevaron a la modulación de las normas vigentes las cuales no iban a resultar siendo perjudiciales ara cualquiera de las dos iniciativas pública o privada sino que iban a dar paso de una “no competencia” a una “igual competencia” donde se logre proteger la implementación en el mercado de una forma equitativa sin tener en cuenta en cual de los dos bandos se encuentra ubicado. Consecuentemente se consiguió que la gestión publica no siguiera siendo considerada como una presunción, sino que se tuvo en cuenta que las nuevas modalidades de gestión utilizadas eran importadas de la empresa privada lo que condujo a bautizar este fenómeno en “estado reformado”. Teniendo en cuenta que se estaba frente a una transición que no era fácilmente de otorgar al estado existe la posibilidad y necesidad de requerir cada una de las ejecutorias a un dispositivo evaluativo que combinado con medidas concretas de reforma de los métodos de gestión pública iban a resultar con la carga de llevar consigo los regímenes privados.
Estudiado lo concerniente al aspecto funcional del estado en la posmodernidad, es el propósito del autor aterrizar el la llamada fragmentación de la estructura estatal que se predica de la desfiguración de aquel estado céntrico a uno policéntrico que va encontrar cimiento en la proliferación de un nuevo tipo de estructuras que van a ser situadas por fuera del aparato de gestión clásica y aparatándose de la idea jerárquica, problemas que solicitaban ser atendidos de manera prioritaria por el estado no eran satisfechas debido a la imposibilidad del aparato para poder dar fino cumplimiento, es por ello que debieron constituirse organizaciones independientes que dentro de sus objetivos estuviere no solo en suplir la falta del estado sino también la prestación de una manera efectiva de aquellos servicios que por la naturaleza requerían ser regulados, contando además con la especialización, técnica e idoneidad para no dejar a tras los principios de la gestión privada que conducen a una manifestación plena y eficiente de sus realizaciones. Permitiendo además la cobertura territorial a lo largo y ancho del estado en donde primen las formas de organización mas favorables para la autonomía local, y análogamente la creciente expedición de estatutos territoriales. Se habla entonces de una desconcentración cuando se crean enlaces de reproducción de la acción del estado unitario como puntos de difusión de las políticas expuestas en el nivel central, por otra parte, descentralización como facilitador de la gestión administrativa regional.
Concluyendo es preciso advertir que las organizaciones independientes van a romper el paradigma de la estructura del estado en cuanto la creación de las mismas suponen la modificación externa que anexa a las tres ramas del poder público no a una tercera sino un conjunto de corporaciones que van a encontrarse en un nivel intermedio sin la intercesión de ninguna de las primeras de acuerdo a su autonomía, determinación y funcionamiento, “Sus instituciones ejercen primordialmente una funciones propias, especificas y distintas y por lo tanto no encajan dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que a nuestro juicio, hay que hacer una numeración especial” (Vidal Perdomo, 2006 P. 98) . Esto hace deducir que a la estructura del estado inicial le ha nacido una denominación soberana que requiere de una creación bien sea constitucional o legal, así como también un régimen para su expansión a lo largo del territorio donde se determinen las facultades, deberes, obligaciones y cargas a las cuales debe someterse. Demostrándose así que la “Constitución Política colombiana abandonó la desueta estructura tripartita del poder concebida desde los albores del Estado moderno, y ha dado un paso más allá, para crear nuevas organizaciones y nuevos órganos –autónomos e independientes- que se encarguen del cumplimiento de otras funciones del Estado.” (Melo Salcedo Ileana.2012 P4). Tocado el tema de la estructura y determinándose que efectivamente se ha roto el paradigma de la anacrónica figura de la estructura estatal debido a la aparición de estas nuevas organizaciones y las funciones otorgadas desde su creación, se debe ahora establecer si estas mismas han redefinido el marco del funcionamiento del estado , lo que puede traerse a colación como el trasplante de las funciones determinadas desde el aparato estatal a las organizaciones independientes, generando de esta forma según Chevallier un fenómeno que deja divisar la gestión de los privados como acaparadores del ejercicio de las funciones estatales, apareciendo el estado como un montaje heteróclito de dispositivos que disponen de su racionalidad propia de funcionamiento, dejando como resultado que la posmodernidad penetra al aparato estatal y lo lleva a una diversificación creciente de sus elementos constitutivos. Perdiendo de esta forma la definición autentica de las funciones estatales en manos de los privados y/o independientes.
Por: Juan Sebastián Morales Forero
Abogado USTA
